
Por: Luis Nieva
El sector minero viene atravesando una de sus peores crisis por una escalada de violencia que ha dejado un campamento incendiado en Ayacucho y la minera de cobre más grande del Perú en un cierre temporal de sus operaciones.
Violencia
El fin de semana se registraron actos vandálicos en las instalaciones de la minera Apumayo, región Ayacucho, donde comuneros de los distritos de Chavia, Cora Cora y Sancos incendiaron un campamento minero. Se trata de un paro que vienen acatando las comunidades de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara que ya han bloqueado varias vías. En la misma situación se encuentra la región Ancash, donde opera la minera Antamina. En este último caso, la comunidad de Aquia mantiene cerradas las vías, por lo que la empresa ha decidido suspender sus operaciones ante la amenaza de que puedan ocurrir hechos de violencia como los registrados en Ayacucho.
Ejecutivo
La respuesta del Gobierno a estos atentados contra la inversión privada ha sido tardía y cuestionable. La presidenta del Consejo de Ministros ha justificado las manifestaciones antimineras de las comunidades y ha dicho que, a pesar de los actos de violencia, “no se puede deslegitimar la protesta”. En ese mismo sentido, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, tuvo una falaz declaración de la cual tuvo que retractarse. “Se debe conocer quiénes son los accionistas de esa empresa, no vaya a ser que ahí existan personas que están dentro de ese grupo de empresarios que quieren vacar al presidente”, dijo Torres cuando le preguntaron por el conflicto social en Antamina.
Ante la aclaración sobre los accionistas de Antamina, retiro la declaración que formulé anoche en un programa periodístico y reafirmo que el diálogo es la única manera para resolver los conflictos en el país.
— Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 1, 2021
Otro actor influente en el Gobierno es Vladimir Cerrón, quien ha sido más radical en sus declaraciones y ha amenazado, a través de un tuit, con expandir las protestas antimineras en todo el país.
Confiep conspira contra el Gobierno y ahora le pide solución a los conflictos sociales que ellos mismos generan. La ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales, la protesta se justifica.
— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) November 1, 2021
La intervención del sentenciado por corrupción y líder de Perú Libre en estos hechos cobra especial importancia puesto que el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Oficina de Diálogo estuvo al mando de Braulio Grajeda, un hombre clave de Vladimir Cerrón en la PCM. Ya fue retirado del cargo.
Ejecutivo da por concluida designación de Braulio Grajeda como viceministro en la PCM
El presidente y la primera ministra retiraron a Grajeda Bellido, investigado por la Fiscalía por presuntamente abrir una cuenta bancaria a favor de Vladimir Cerrón.https://t.co/KoAcBKyIpA
— Política LRepública (@Politica_LR) October 31, 2021
Impacto económico
En plena reactivación económica, la paralización de Antamina le significa una pérdida diaria al Perú de entre 10 y 14 millones de dólares. “En Antamina se da empleo directo a 10.000 personas. Son puestos de trabajo que quedan en suspenso” ha lamentado el gerente de la empresa minera, Víctor Gobitz Colchado.