Por: Hans Rothgiesser

Desde la primera vuelta sabíamos que el partido que ahora nos gobierna tenía toda la intención de intervenir en todos los mercados posibles.  Su plan de gobierno estaba plagado de amenazas al libre mercado, además de imprecisiones, las cuales fueron ampliamente advertidas en campaña, aunque no le importó a muchos.  Por ejemplo, que dice que la salud debería reconocerse constitucionalmente como un derecho el pueblo peruano, cuando éste ya está reconocido.  Dice que el acceso debería ser gratuito, cuando éste ya lo es también.  De hecho, que muchos peruanos prefieran ir a una clínica privada a atenderse en vez de hacerlo gratuitamente en un establecimiento público es evidencia de que la gestión pública de la salud es deficiente.

El plan de gobierno de Perú Libre también proponía un tarifario único para las clínicas privadas, la cual estaría a cargo de la dirección regional de salud de cada jurisdicción.  En otras palabras, un control de precios.  Por cierto, todo el plan de gobierno está plagado de controles de precios con nombres creativos, pero de eso podemos hablar otro día.

Como sea, es clara la intención de reducir la participación privada a su mínima expresión a favor de una mayor presencia del sector público.  Y todo estaría bien, si no fuera que eso básicamente es lo que ya tenemos.  Lo que fallan en comunicar los miembros del actual gobierno y sus defensores acérrimos es que apenas antes de la pandemia, en el 2019, el 26% de las primeras atenciones de la población peruana eran en un establecimiento de primer nivel del Ministerio de Salud.  Apenas el 15% era en un establecimiento privado.  El 10% era en un hospital del Essalud y el 6% en un hospital del Ministerio de Salud.  Es decir, el sector público domina este mercado.

Esto quiere decir que el mercado de la salud en el Perú ya está intervenido de la manera más intervencionista posible: El Estado brinda el servicio directamente.  No hay mucho más que eso.  Entonces, éste no es un mercado libre ni por asomo.  Decir que esto es lo que pasa cuando se deja a que el mercado funcione libremente es desinformar o hablar desde una profunda ignorancia.  Sobre todo, porque, además, éste sí es un mercado altamente regulado.

Por ejemplo, el mero hecho de que la clínica en cuestión haya obligado a aceptar al paciente y que no quisiera hacerlo -que es motivo de sanción y que es en realidad el verdadero escándalo- indica que ya es un mercado regulado: Las clínicas están obligadas a hacer algo que no querrían hacer si se le deja a su libre albedrío.  Es más, en el colmo del desconocimiento, esta periodista no parece haber visto el comunicado que emitió Indecopi sobre este caso en particular, pidiéndole a Susalud que multe a la clínica.

Susalud, para los que no lo saben, es la Superintendencia Nacional de Salud.  Es decir, el organismo del Estado que regula el servicio de la salud en el Perú.  Es decir, tenemos toda una institución dedicada a intervenir en el mercado -para bien o para mal-.  Decir que éste es un libre mercado y que se está dejando a que las clínicas hagan lo que quieran es desconocer la mera existencia de esta institución.  Por cierto, este organismo lleva este nombre desde apenas 2013.  No obstante, a pesar del nombre, existe.

Ojo que, a diferencia de Indecopi que se supone que vela por la competencia -no por el consumidor o por la empresa exclusivamente, sino por ambos para que haya equilibrio… supuestamente-, Susalud solo vela por los derechos de los pacientes.  Es decir, se encuentra sesgada hacia uno de los lados de la balanza.  Esto se refleja en algunas de sus decisiones, que podemos discutir en otro momento.  Por lo pronto es más importante aceptar que existe, ergo, que hay regulación en el mercado de la salud, ergo, que está intervenido.