Por Hans Rothgiesser

Es realmente sorprendente cómo el Perú encuentra constantemente formas de darle al mundo más casos de estudio para demostrar que la teoría económica se cumple. Que Petroperú se encuentre al borde de la quiebra actualmente, esperando ser rescatada una vez más por el gobierno, después de haber tomado pésimas decisiones financieras es apenas nuestro último aporte a la ciencia económica.

La caricatura que algunos manejan para defender a Petroperú es que todo gira alrededor de la intención de privatizarla por fines ideológicos.  No obstante, es mucho más complicado que eso.  Por varias décadas se ha tenido claro que hay cosas que el Estado debe hacer y hay cosas que la empresa privada debe hacer.  Hay un límite entre ambas que podemos discutir, pero que debe quedar claro.  Cuando ese límite se transgrede, comienzan los problemas.  Por ejemplo, cuando se abandona a una empresa minera en una zona alejada en la que no hay presencia del Estado. Muchos sugieren que la minera debe reemplazar al Estado, poniendo colegios y encargándose de la infraestructura con sus recursos.  No obstante, después de varios años de eso podemos notar cómo ésa no es la solución.  La solución es que se colabore para que el Estado tenga presencia ahí y haga lo suyo. Que abra una posta médica, por ejemplo, de tal manera que la población de la zona no dependa de los recursos de la empresa privada. Después de todo, para eso pagamos impuestos los que los pagamos.

De igual manera, tenemos bastante evidencia de que los procesos productivos deben estar en manos del sector privado, de tal manera que el Estado se pueda enfocar en sus funciones prioritarias: programas sociales, seguridad ciudadana, etc. No hay justificación real para que sea el Estado el que se encargue del mercado de los combustibles en un país, más allá que capturar renta o darle trabajo a los amigos. El principal argumento en contra de que lo haga es que una empresa pública no tiene los incentivos para ser eficiente.

Una empresa privada sí los tiene, porque opera en un ambiente competitivo.  Si no es eficiente, otra empresa a su costado sí lo será y se la terminará comiendo viva. El potencial de acceder a mayores utilidades impulsa a la empresa a tomar sus decisiones: a reducir costos, a innovar con productos distintos, a entrenar mejor a sus trabajadores, etc. Nada de eso pasa en una empresa pública. Los incentivos son otros completamente y Petroperú es el perfecto ejemplo.

Solo entre el 2012 y el 2021 Petroperú ha acumulado pérdidas por S/.14 mil millones.  Con este dinero se podría haber cerrado por completo la brecha de infraestructura de corto plazo de telecomunicaciones o triplicar el presupuesto de inversión en educación para el 2022. Pero no, decidimos arrojarlo por el retrete en una empresa pública que ya sabemos que es ineficiente (años pasados ya ha tenido fuertes pérdidas) y que ya sabemos que es una olla de corrupción (cada mes nos enteramos de un caso distinto) y que no es amigable con el medio ambiente (los derrames en la selva son tan frecuentes que buena parte de la prensa ya ni los reporta).

La decisión política de fortalecer a Petroperú durante el gobierno de Ollanta Humala le permitió insistir en el ideal de modernizar la refinería de Talara, en contra a todas las recomendaciones y todos los informes. Hoy en día tenemos claro que era un proyecto a pérdida desde el comienzo que a la fecha nos reporta pérdidas cercanas a US$1,650 millones.  Con este dinero se podría haber casi duplicado los recursos para el personal de salud este año.

No es casualidad que Petroperú no cuente con una auditoría externa -un requisito para seguir siendo considerada empresa seria- y que su clasificación de riesgo esté cayendo. Ha sido mal gerenciada, lo cual tampoco es casualidad.  Nos queda pagar las cuentas, no más, y aprender la lección.