Por: Iván Arenas.

El premier Aníbal Torres en la reunión en Pumamarca, con los dirigentes y comuneros de Fuerabamba, señaló lo que todos sabemos: que hay asesores y abogados “tinterillos” que buscan “ganar a costa de las comunidades”. Torres no se equivoca en absoluto sobre la permanencia de algunos abogados que pertenecerían al equipo del estudio jurídico Quiroz y Asociados, quienes serían los abogados de cuatro comunidades en conflicto con Las Bambas. Si ello es cierto entonces estaríamos ante un grave caso que debe investigarse por la Fiscalía. Vale recordar a los hermanos Chávez Sotelo, procesados por el presunto delito de extorsión en contra de la empresa Las Bambas

Hoy en la zona se ha declarado el Estado de emergencia, pero en la práctica ello no funciona. Las autoridades comunales tienen el control de la zona y mantienen una constante amenaza contra la operación de cobre más grande de América Latina. Así estamos. Si el propósito del Estado de emergencia se ha desdibujado y las comunidades tienen el control, la autoridad y el orden en la zona, ¿qué debe hacer el Estado?

No obstante a todo lo anterior vale indicar un detalle importante. Hoy no existe ninguna razón fundada que avale las exigencias de Fuerabamba. Las Bambas no ha incumplido ningún compromiso. Entonces, podemos decir que las exigencias no tienen ninguna legitimidad salvo que se comprendan que son eminentemente pecunarias. En otras palabras, los comuneros quieren más dinero. Ellos mismos han ratificado que gastaron el dinero que recibieron (en promedio US$500 mil cada comunero empadronado).

Ahora bien, Gabriel Boric, presidente de Chile, de izquierda, acaba de remilitarizar la Araucanía, frente a la ola de violencia que vive. El “pueblo mapuche”, “originario” no tiene demandas legítimas sino absolutamente pecuniarias y de grupos de dirigentes que pretenden beneficiarse por su condición “indígena”. Boric hizo lo mismo que la derecha. El orden deben existir siempre.

La declaratoria de emergencia no es suficiente sino es real. De lo contrario se convierte en una caricatura. Si militarizar la zona es necesaria para recuperar el orden sin ningún tipo de violencia, entonces es lo necesario. Ojo, nadie pide utilizar la mano dura, solo la disuasión de las Fuerzas Armadas en el estricto cumplimiento de la ley y la Constitución. Las Bambas es un activo estratégico del Perú, y es casi el 1% del PBI.

Es ahora o nunca. El gobierno, por más de izquierda o de derecha debe imponer el orden y recuperar la autoridad. Aquellas no son demandas sociales o ambientales legítimas, son solo exigencias pecuniarias asesoradas por abogadillos expertos en generar conflictos.