Por: Hans Rothgiesser

Es común entre aquellos que piden mayor intervención del gobierno fijarse solamente en un lado de la balanza: lo que se gana con la intervención o lo que se pierde por la no intervención.  Rara vez encuentra uno el análisis completo: Los costos y los beneficios para saber si lo que se gana es más de lo que se pierde.  En ningún lugar eso está más claro que en los proyectos de ley que se presenta para incrementar el tamaño el Estado o en ampliar su ámbito de acción, alegando siempre que “este proyecto no genera gasto adicional al Estado” o alguna variación de expresarlo.  Esto, por supuesto, confunde gasto con costos e incluso miente, porque muchas veces sí genera gastos.

Pues bien, este sesgo se ha hecho bastante notorio en el balance que algunos hacen de las protestas recientes, de la inamovilidad y de las tardías acciones del gobierno para hacer frente a los bloqueos.  Pocos toman en cuenta los costos de las protestas causadas por la ineptitud del gobierno.  Aquí algunos elementos que deberían tomar en cuenta.

Las primeras pérdidas que deberíamos poner en la lista son las vidas humanas.  Indigna ver a quien fuera Ministro del Interior en ese momento -encargado tácito de controlar la protesta- explicando cómo cada una de las muertes asociadas a las protestas no eran su culpa.  Indigna también ver a una porción de la prensa explicando que estas muertes no son iguales a las que causaron la caída del gobierno de Merino, porque éstas no fueron causadas directamente por acciones de las fuerzas del orden.  Por supuesto que la verdadera razón es, como con tantos otros escándalos de este gobierno, que Castillo goza de licencia caviar.  Su primer ministro puede decir en público que Hitler es un ejemplo a seguir y no habrá sanción social alguna.  No les importa que haber atendido a tiempo los reclamos de la población y contar con oficiales de la policía con experiencia en estas crisis habría salvado vidas.

Segundo, con lo que se retrasó el gobierno en atender las protestas en Junín y los posteriores levantamientos en otras regiones costó dinero.  Muchos analistas ya han repasado cómo este gobierno no le dio importancia inicialmente y después aplicó medidas que no hacían frente al problema, incluso hoy en día.  Pedro Castillo y sus ministros así tomaron la decisión de no incorporar el costo que le genera esta paralización a la gente.  No solo se trata de los destrozos mismos provocados por las protestas.  La Municipalidad de Huancayo informó que se estimaban daños materiales por aproximadamente S/.650 mil soles por solo un par de días de protestas.

Tercero, las protestas paralizaron la economía de Huancayo, lo que a su vez tiene impacto en toda la región.  Esto, por supuesto, perjudica a miles de familias que viven del comercio, de servicios, del turismo, etc.  Para que se hagan una idea, solo en Semana Santa del 2021 se perdieron S/.700 millones debido a la paralización del turismo.  Piensen en cuántos peruanos se atreverán a viajar por dentro del país con tantos bloqueos, también cortesía de una pésima política por parte del gobierno.  Y de los pocos que están dispuestos a viajar, cuántos irán a Huancayo en este contexto.  Hemos visto en la televisión y en los periódicos fuertes imágenes de violencia.  Esto afecta a la intención de visitar un destino turístico.  Sumen a eso lo que se ha perdido ya en estos días de negocios cerrados y cancelación de actividades.

Finalmente, consideren la pérdida de inversiones para el futuro.  Cuántos capitales han visto esas noticias y han decidido que no quieren hacer negocios en un país en el que el presidente dicta decreto de inamovilidad a las 11 de la noche del día anterior sobre la base de un informe secreto que nadie ha visto.  Y que adelanta que lo da por concluido a la mitad del día, para después no formalizarlo con la firma de ningún papel.  Es decir, la informalidad al mando.  Hay varios analistas peruanos que trabajan con fondos de inversión que han reportado que han perdido operaciones en estos días.

Queda claro que todo este desastre juega políticamente a favor del gobierno.  Ellos lo han adelantado de distintas maneras.  Su intención es sembrar caos para acelerar la destrucción del modelo económico, de tal manera que la gente luego acepte su propuesta.  En estos días ya lo hemos visto.  Varios grupos cercanos al gobierno han querido capitalizar todo este descontento hacia el pedido de una asamblea constituyente, una movida que no ha sido del todo exitosa.  Nada asegura que la próxima vez no coloquen mejor a sus operadores y funcione el pedido.

No obstante, si bien políticamente les está funcionando bastante bien, económica nos está destruyendo.  Esto no debe sorprender.  Estaba adelantado en su plan de gobierno.  Quizás si esos que protestan hoy en Huancayo lo hubieran leído antes de votar por Perú Libre, otra sería la historia.