Por Hans Rothgiesser

Durante la campaña electoral Perú Libre prometió que se nacionalizaría Camisea y otras operaciones. Estos anuncios han sido ambiguos y se ha evitado dar detalles acerca de cómo pretenden hacerlo. Hace falta hacer una serie de aclaraciones para que la población sepa realmente lo que está en juego y cuáles son las ganancias potenciales de lo que están proponiendo.

1. Mito boliviano

Al comparar los resultados del modelo económico boliviano con el peruano queda claro que Bolivia no es un ejemplo a seguir. Según la data del Banco Mundial (data.worldbank.org), en el 2019 Bolivia tenía una incidencia de pobreza de 37.2%. Perú, en cambio, de apenas 20.2%. Es decir, Bolivia tiene más pobreza que Perú. Y al comparar la desigualdad veremos que ambos países tienen un índice de Gini similar. Para Bolivia es 41.6, mientras que para Perú es 41.5. Es decir, en Bolivia hay más igualdad, pero todos son igual de pobres.

Al comparar los rendimientos de la economía es importante comparar los indicadores adecuados. Algunos comparan el crecimiento económico, lo cual puede resultar engañoso. Esto esconde que se está comparando con años pasados mediocres o con años de crecimiento sostenido. No obstante, al comparar el PBI per cápita se puede apreciar que Perú tiene un rendimiento casi dos veces el de Bolivia: US$6126.9 versus US$3143.0 para el 2020. Es decir, aquellos que sugieren que la economía boliviana es superior a la boliviana están desinformando.
Esta situación no debe sorprender si se considera que a pesar de todo el discurso político de Evo Morales y de los defensores de ese modelo económico, Bolivia ha tenido déficit comercial por un buen tiempo. Es decir, ellos importan más de lo que exportan. Todo el discurso de soberanía nacional y de independencia de los mercados internacionales tuvo un efecto diametralmente opuesto: Ellos dependen más de las importaciones que un país como Perú que, por el contrario, aprovecha el mercado internacional. El Perú tiene superávit comercial.

Esta situación sostenida ha llevado a que Bolivia se haya tenido que endeudar para poder mantener el nivel de gasto público que inició cuando los precios del gas estaban altos. Hoy en día Bolivia está tan endeudada que las clasificadoras internacionales la han colocado en la categoría de altamente riesgosa. Es decir, recomiendan no prestarle dinero al gobierno boliviano. Para el 2020 se estima que la deuda externa boliviana es poco más del 70% del PBI, lo cual es totalmente inmanejable. Para el Perú, en cambio, ese porcentaje es de apenas 35%. Entonces, buscar imitar a Bolivia no tiene mucho sentido.

Con respecto a la nacionalización misma del gas, a diferencia de Venezuela, en Bolivia se emitió un decreto por el cual se obligaba a las empresas involucradas en la industria del gas a vender por lo menos el 51% de sus acciones al Estado.

Se mantuvo así cierta forma de participación privada, que complementaba un sistema de contratación de proveedores privados. Esto permitió un nivel de producción y un nivel de eficiencia que en Venezuela no se mantuvo. No obstante, este modelo no fomenta inversiones en nuevas tecnologías ni en exploración para hallar nuevos yacimientos, algo que se notó con mayor fuerza cuando los precios internacionales del gas comenzaron a bajar.

2. Consorcio de Camisea

El megaproyecto de extracción del gas conocido como Camisea es explotado por un consorcio compuesto por seis empresas: Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Pluspetrol. Estas empresas provienen de distintos países, de tal manera que si el Perú incumpliese el contrato que ha firmado con el consorcio, no se estaría metiendo en problemas con un solo país, sino con seis, de los cuales varios son fuertes socios comerciales del Perú.

Esto ya evidencia que el gobierno no tiene claro lo que pretende hacer, porque dio inicio al proceso de renegociación con una gran exposición mediática de la presentación en persona del primer ministro Bellido de una carta a las oficinas de Pluspetrol. Carta que estaba dirigida a los “señores Pluspetrol”. Es decir, ni siquiera al gerente general o al presidente del directorio, cuyos nombres no parece conocer. Además del hecho de que Pluspetrol es apenas una de las empresas del consorcio, el cual tiene sus propias oficinas en otro lado.

A diferencia de décadas pasadas, Perú no puede simplemente incumplir el contrato, porque nos expone a perder los beneficios especiales que tenemos gracias a acuerdos comerciales y convenios que hemos ido firmando desde inicios del milenio. Además, nos expone a un juicio que el consorcio iniciaría al Perú en cortes internacionales. Este juicio involucraría, además, a varios países, lo que haría nuestra posición mucho más vulnerable.

Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, la instalación completa de Camisea más los ingresos que dejarán de percibir se eleva a un costo aproximado de US$30,000 millones. Esto equivale a más de la mitad de todo el presupuesto público del 2022. Es decir, tendríamos que dejar de invertir en programas sociales, bonos de ayuda, etc, solo para poder cumplir con la promesa de campaña de la nacionalización de Camisea. La alternativa es endeudamiento, lo cual nos generaría aprietos a largo plazo. Según la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, además sería una decisión ineficiente, porque el Estado ya se lleva un porcentaje alto de los ingresos generados por el gas de Camisea. Esto por conceptos de impuestos, regalías, etc. Entonces, toda esta inversión sería para tomar el control de un porcentaje marginal pequeño.

3. Potencial de corrupción

Los peruanos tenemos una relación bastante conflictiva con la corrupción. Según la encuesta de octubre del 2021 de Ipsos, el 19% de los peruanos aprueban al presidente específicamente porque perciben que está luchando contra los corruptos. Si lo está haciendo efectivamente, es otro tema. De hecho, el 18% lo desaprueba porque considera que está rodeado de corruptos.

De los temas que más preocupan a la población, combatir a la corrupción está en tercer lugar con 37%. Por su lado, según el Latinobarómetro 2021, el 70% de los peruanos consideran que la corrupción se ha incrementado y apenas el 32% considera que la lucha contra la corrupción ha avanzado mucho o algo. Este tema es relevante, porque toda la teoría y la experiencia nos indica que la empresa pública nueva que se crearía para encargarse del gas sería fuente de más corrupción, lo que sería fácilmente extrapolable de los casos de las otras
dos grandes empresas públicas con las que contamos, Petroperú y Sedapal, ambas envueltas en constantes escándalos de corrupción. En ese sentido, una manera de oponerse a la corrupción sería insistir en la necesidad de que siga siendo un consorcio privado el que explote el gas de Camisea.

4. Principio de no subsidiaridad

En el capítulo económico de la Constitución de 1993 está mencionado el principio de no subsidiaridad. Éste postula que en el caso de que la empresa privada pueda dedicarse a una actividad o cubrir una industria, no es conveniente que el Estado se meta a hacerlo. En el caso de Camisea es bastante claro. El consorcio ha estado extrayendo el gas adecuadamente y los reclamos de la población que el gobierno está explotando no tienen que ver realmente con el consorcio de manera directa. En ese sentido, las soluciones a estos problemas van por aplicar medidas concretas y específicas, no por tomar el control de la operación. Esta decisión sería meramente política y muy poco
económica.

Lo más eficiente en términos sociales para el país es que la operación siga estando en manos del sector privado, correctamente regulado y con las reglas claras. La incertidumbre del anuncio de la posibilidad de una nacionalización perjudica, porque atrasa potenciales inversiones en innovación tecnológica y en mejoras en los procesos. Si es una opción que el Estado se quede con todo en un futuro cercano, ¿por qué la empresa debería esforzarse por tener una operación eficiente y moderna?