Por: Iván Arenas

El gobierno de Pedro Castillo ha renunciado al imperio de la ley, del Estado de derecho y de la Constitución en el denominado corredor minero del sur, uno de los activos estratégicos del Perú. En otras palabras, el gobierno de izquierda de Castillo ha abandonado a su suerte a las principales operaciones de cobre de la zona, entre ellas la megaoperación Las Bambas, y las unidades Constancia y Antapaccay.

Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando indico que el corredor minero sur es un activo estratégico? Me refiero a que por la importancia para las venas económicas del país, eel corredor minero sur, que se extiende desde Arequipa hasta Cusco, pasando por Apurímac y parte de Ayacucho, se le considera como un activo estratégico del país. En la zona se produce alrededor del 50% del cobre peruano. De allí que es un activo estratégico.

No obstante a ello al gobierno en pleno no parece interesarle en absoluto el corredor minero, ahora aún más cuando una comunidad denominada Urinsaya, a 250 kilómetros de Las Bambas, exigen ser incorporada como área de influencia directa de la referida unidad minera y sus dirigentes llevan alrededor de 10 días de bloqueos de la vía. ¿Cómo una comunidad, ubicada en otra región y a cientos de kilómetros bloquea la vía y con ello perjudica el transporte de minerales?
Honestamente la única salida que tiene el gobierno de Castillo es declarar todo el corredor minero en estado de emergencia, en otras palabras que el Estado recupere la autoridades y el orden en una zona donde se impone la ley comunal.

Con la declaratoria del Estado de emergencia no se exige la mano dura, ni el lugar se convierta en un polvorín que haría estallar el gobierno de Castillo; por el contrario, el Estado de emergencia garantiza un pacto entre las comunidades y el Estado, hoy roto no solo por el mal manejo de la conflictividad social sino además por el huaico de promesas de Castillo en la zona, además de que algunos operadores del propio gobierno – Guido Bellido- azuza a las comunidades.

Si bien existe conflictividad social y política entendida como una correlación de fuerzas y exigencia legítimas de demandas, pululan también brokers y abogados que ganan ingentes cantidades de dinero bajo el modus operandis de consejerías y asesoramientos a las comunidades.
Si el gobierno de Castillo no recupera el orden e impone la autoridad legítima del Estado entonces, tendremos un mediano plazo con mayor conflictividad y con riesgo permanente sobre la economía nacional porque vale recordar también que Las Bambas representa alrededor del 1% del PBI.