Publicaciones

El espíritu constituyente

Por: José Muñoz.

Desde la caída del absolutismo en Occidente y la progresiva consolidación de monarquías constitucionales y repúblicas democráticas, la función de la constitución en una sociedad libre ha sido principalmente la de limitar y garantizar un delimitado conjunto de derechos inherentes a la persona humana. Una vez institucionalizada la constitución, es razonable que de ellas las personas esperen que sea suprema, estable, legítima por los resultados de su aplicación y rígida en sus vías de modificación, de modo tal que no se confunda con la legislación.

El poder Constituyente es un ser político anterior a la Constitución y por lo tanto ninguna ley constitucional puede limitarlo o prescribir la forma de su actividad. En este sentido, dejando de lado la retórica de la “vía constituyente”, que se pudo ver muy bien en la experiencia constituyente chilena (actualmente), la venezolana (1999) y la colombiana (1991), la realidad es que, debido a su carácter esencialmente absoluto e ilimitado, el poder constituyente es una realidad política contraria a la finalidad jurídica de toda constitución y marco constitucional derivado de ella, a saber: la limitación del poder en resguardo de los derechos fundamentales de las personas.

Siguiendo a Tsebelis y Nardi (2014), el tener constituciones extensas que busquen delimitar todos y cada uno de los ámbitos de la vida, así como las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el individuo, tiene como consecuencia menores niveles de PBI per cápita y mayores niveles de corrupción. Por otro lado, la reforma constitucional es muchas veces vista por los políticos como la panacea para solucionar, de una vez por todas, los problemas. Sin embargo, las reformas constitucionales representan una forma de política simbólica. Si no hay consenso respecto a los desafíos grandes de la política y si existe un bloqueo de reformas políticas urgentes, el grito de la reforma constitucional muchas veces tiene como objetivo desviar la frustración política de los ciudadanos.

Siguiendo la experiencia boliviana y venezolana el enorme sacrificio para las sociedades en tiempo, recursos e inseguridad jurídica para soportar un proceso constituyente y la elaboración de un nuevo texto constitucional, no ha supuesto en los hechos mejor calidad de vida para los ciudadanos, mayor estabilidad institucional y mucho menos la solución de los problemas sociales que, supuestamente, ayudarían a superar. En el Perú, no es descabellado pensar que una asamblea constituyente no solo terminaría con el modelo económico que hizo posible notorios avances, sino que podría facilitar el autoritarismo y la violación de todo tipo de derechos. En un país en que el Congreso y el Ejecutivo están desprestigiados, el proceso puede derivar fácilmente en una pugna de poderes en el que los asambleístas empiezan a gobernar.

Publicado originalmente en el Suplemento Contrapoder del Diario Expreso del 31/10/2021

También te puede interesar

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.