Por: Hans Rothgiesser.

Uno de los problemas que venimos arrastrando desde que el Perú retomó la senda del crecimiento en los noventas es la gestión de la conflictividad que se opone a la minería. No ayuda que los grupos que se oponen al modelo económico y a la minería en general han sabido profesionalizarse y encontrar maneras de bloquear operaciones mineras con una efectividad envidiable.

Al igual que con otros muchos temas pendientes (educación, salud, transporte, etc), la solución al problema de la conflictividad minera requiere de mucho capital político y de un manejo bastante fino. No hacer nada ha representado darle paso libre a aquellos que no quieren que haya minería en el Perú, quienes sí han sido muy exitosos en imponer su agenda antiminera y de avanzar en su carrera personal profesional política.

Veámoslo como un ejercicio de teoría de juegos. Como saben, la teoría de juegos ayuda a entender el comportamiento de los distintos agentes que deben tomar una decisión. Pues bien, la solución de un juego va a ser distinta dependiendo de si éste es finito o es infinito. Es decir, si es un juego que se va a repetir de manera infinita, habrá incentivos a que los distintos agentes colaboren, en la medida en la que colaborando ambos obtienen un mayor retorno. Sin embargo, si yo sé cuándo acabará el juego, tengo incentivo a aprovecharme de ti en el periodo anterior, de tal manera que por una vez tenga un retorno excepcionalmente alto a costa tuya. Total, ya sé que luego no tendré que volverte a ver.

Esto es crucial para entender lo que está pasando. Tenemos montones de agentes en juego, pero solo tres que dictan lo que pasará. El primero es la mina, para la cual el juego es de muy largo plazo. Casi, casi de longitud infinita. Para ellos está el incentivo para colaborar y mantener la buena relación, a donar plantas de oxígeno, etc.

El segundo es el gobierno, cuyas autoridades cambian cada cinco años. En ese sentido, tienen un horizonte mucho más reducido que la mina. Lo que es peor, los representantes del gobierno no tienen ningún interés por trascender a esos cinco años. Un buen ejemplo es que muchas veces se instala una mesa de diálogo para levantar una protesta, se asume una serie de compromisos por parte del Estado, que después no cumple. Que los intereses de la minera y del gobierno no coincidan no es novedad. Pero que ni siquiera los horizontes de los intereses coincidan sí debería llamar a la reflexión.

El tercero es aún más de corto plazo. No hablemos de las comunidades aledañas a la mina, cuyos intereses y necesidades pueden ser atendidas con un correcto proceso de consulta y de conversación. Hablemos de los dirigentes que los agitan y que luego son los protagonistas de la noticia en los medios. Ni siquiera hablemos de Adán Damián Gamarra, el líder del paro indefinido en contra de Antamina que pedía que por favor no se tergiverse la protesta de la comunidad de Aquia, que ésta era pacífica. Claro, con piedras que bloquean el paso y rodeado de campesinos armados con palos y con rocas. Pero pacífica, no se dejen engañar.

El juego para estos dirigentes es de mucho más corto plazo. Pareciera como si activistas antimineros cómo Marco Arana o la misma Mirtha Vásquez aprovechan la oportunidad de alguna protesta, la explotan en medios para hacerse conocidos y después saltan a lo siguiente. En estos dos casos el salto fue al Congreso. En el caso de Gregorio Santos fue al gobierno regional. En ese sentido, los intereses de estos activistas tampoco se alinean. Entonces, ¿cómo hacemos? No lo sé. Lo que sí sé es cómo no hacer.