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Actos de xenofobia

“Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país”, dijo el presidente Pedro Castillo en su primer mensaje a la Nación el pasado 28 de julio. Este fue uno de tantos compromisos anunciados en los primeros días de Gobierno, sin embargo, poco o nada se ha cumplido, ya que el último intento de deportación de ciudadanos venezolanos fue un rotundo fracaso y significó un impase diplomático que demuestra el grado de improvisación de los ministerios del Interior y Exteriores.

Avelino Guillén

El ministro del Interior, Avelino Guillén, conocido por ser un arduo defensor de los Derechos Humanos, tuvo que reconocer que los venezolanos que iban a ser expulsados del Perú a su país de origen no tenían registro de antecedentes penales en nuestro país. A ello se sumó que, luego de frustrarse la operación de deportación, estas personas tuvieron que ser liberadas.

Según el titular de la cartera del Interior, el Perú finalmente no recibió la autorización de Venezuela para trasladar a los ciudadanos que iban a ser deportados, por lo que la ceremonia programada en el Grupo Aéreo N° 8, y a la que había sido invitado el presidente Castillo para presenciar el acto, tuvo que ser cancelada.

Críticas

De inmediato, el hecho fue calificado como un acto de xenofobia puesto que, según el excanciller Luis Gonzáles Posada, de los 41 venezolanos que iban a ser deportados solo 18 tenían antecedentes penales en su país y ninguno en el Perú.

Este reciente caso genera mayor extrañeza puesto que el Gobierno peruano ha restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela, nombrando a un nuevo embajador, Librado Augusto Orozco Zapata. Asimismo, el Gobierno venezolano, bajo el régimen de Nicolás Maduro, alienta el retorno de sus ciudadanos asegurando que “se quedan impresionados por lo bella que está (Venezuela)”.

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