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¿A dónde irán a parar 5 mil 800 millones de soles?

El Poder Ejecutivo, nuevamente, es blanco de cuestionamientos luego de que aprobara la Ley de Presupuesto 2022 en el Congreso de la República el pasado 25 de noviembre. La “Asociación civil por la Integridad” (Integridad por el Perú), ha detectado que en el Gobierno de Pedro Castillo se “han desviado fondos, sin autorización del Congreso, a diversos ministerios y gobiernos regionales y locales, para entregar bonos y realizar obras de inversión no contempladas en la Ley de Presupuesto”, detallan en su informe.

En una entrevista con PBO Digital, el representante de Integridad por el Perú, Jorge Lazarte Molina, detalló que son “tres decretos de urgencia, sin participación del Congreso, para darle al Ministerio de Economía 5 mil 800 millones más, no presupuestados, sin indicar específicamente, para qué los van a usar”.

“A partir de allí, de ese exceso de fondos, han empezado a derivar gastos, fondos, para determinados gobiernos locales o gobiernos regionales para que puedan hacer obras y para dar bonos a gente que no son, necesariamente, los más necesitados del país. Han empezado a darle bonos a trabajadores del sector privado que ganan hasta 2 mil soles, a funcionarios públicos que ya han tenido beneficios económicos como haber retirado su CTS, su AFP, el año pasado”, dijo Lazarte Molina en PBO Digital.

En ese sentido, Integridad por el Perú ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo; la jefa de Gabinete, Mirtha Vásquez; el ministro de Economía, Pedro Francke; y el ex premier, Guido Bellido, por haber emitido estos decretos de urgencia.

“La razón por la cual nosotros hemos presentado esta acusación constitucional contra Pedro Castillo y sus ministros es porque no podemos dejar que esto siente un precedente. No podemos permitir que, como peruanos, nuestros recursos sigan siendo usados de esta manera. La acusación constitucional va a dar lugar a una investigación en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, de encontrar que nuestra denuncia tiene fundamentos suficientes para acusar al presidente, va a pasar el caso a la Comisión Permanente quien escalará el caso al Pleno del Congreso. Ellos podrían determinar una sanción a estos funcionarios. Puede ser una amonestación, una suspensión, una habilitación o hasta una destitución”, dijo el representante de Integridad por el Perú en PBO.

Según el documento presentado al Congreso se han infringido “los artículos 77°, 80° y 118° incisos 8 y 9 de la Constitución Política del Perú; al haber emitido los Decretos de Urgencia N° 86-2021, 100-2021 y 105-2021″.

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